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05-03-2015 Versión imprimir

 
 
Admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Lassalle



Las entidades de gestión ya aplaudieron la iniciativa del PSOE, que pretende combatir las “aberraciones” del nuevo articulado
 
 
CELIA TEIJIDO
El Tribunal Constitucional tendrá la última palabra sobre la Ley Lassalle, aprobada en solitario por el gobierno y repudiada por todo el sector cultural español y la oposición política de todo signo. El alto tribunal ha admitido a trámite el recurso que el PSOE (único partido en la bancada opositora con más de 50 diputados, imprescindibles para esta iniciativa) presentó el pasado 4 de febrero contra la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. El nuevo texto, en vigor desde el 1 de enero pasado, salió adelante con los únicos votos favorables del Partido Popular, que aplicó el rodillo de su mayoría absoluta tanto en el Congreso como en el Senado.
 
   El secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, fue quien había asumido personalmente la presentación del recurso en compañía de su responsable de Cultura, Iban García del Blanco. Al acto del 4 de febrero acudieron representantes de las entidades de gestión AIE, DAMA, Egeda y AISGE, encabezados estos últimos por el director general de la sociedad, Abel Martín Villarejo. Asimismo, escenificaron su respaldo a la medida los socios de AISGE Alberto Ammann, Manuel Galiana, Lydia San José, Berta Ojea, Iñaki Guevara, Alberto Vázquez, Ana Goya, Rafael Rojas o Rosario Serna, además del vicepresidente Fernando Marín y los integrantes del consejo de administración Josean Bengoetxea, Carlos Castel y José Manuel Cervino.
 
 
 

 
 
 
 
   A partir de ahora, las deliberaciones del TC en torno al recurso socialista pueden tardar algo más de un año en traducirse en la correspondiente sentencia. El punto más relevante en el argumentario del recurso se centra en el pago de la compensación por copia privada. Hasta el 30 de diciembre de 2011, este pago compensatorio lo asumían los fabricantes e importadores con el denominado canon digital. A partir de ese momento, el Gobierno del PP decidió aplicarlo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. De esta manera, todos los ciudadanos, sean o no usuarios de material sujeto a derecho de autor, han de sufragar esta compensación. Pero es que, además, el importe pasa de unos 105 millones de euros anuales a solo 5 millones. Es decir, los grandes perjudicados son la ciudadanía en general y los creadores en particular, mientras que la medida beneficia a los gigantes tecnológicos multinacionales.
 
   Los socialistas también ven inconstitucional la disposición que obliga a las entidades de gestión a asociarse para crear una ventanilla única en la que se tramite el pago de los derechos de propiedad intelectual. Según García del Blanco, “estos son los puntos más débiles” de la norma, aunque su partido “no comparte ni la filosofía ni el articulado completo”. El secretario de Cultura confía en que el Tribunal Constitucional admita a trámite el recurso, aunque adelantó que el PSOE modificará “de manera inmediata” esta ley si dispone para ello de mayoría en la próxima legislatura.
 
   En la presentación del recurso, Pedro Sánchez subrayó a preguntas de los periodistas: “La cultura en España no representa un problema, como intenta hacer ver el Gobierno del PP, sino una de las soluciones. Emplea a 400.000 personas y es sinónimo también de riqueza económica y espiritual”. 
 
   El director general de AISGE y presidente de Adepi (la entidad que aglutina a las diferentes entidades de gestión), Abel Martín, ya aplaudió el recurso y considera una “noticia buena y esperada” su admisión a trámite. A su entender, “el Gobierno está entregando el negocio de la cultura a las multinacionales tecnológicas, las mismas que en este país facturan más de 100.000 millones anuales y no dejan aquí ni las migas. Cargan a los ciudadanos un coste de 5 millones cuando son las multinacionales las que tendrían que pagar 115 millones”.
 
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