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21-01-2016 Versión imprimir
Maciej Szpunar, abogado general del TJUE
Maciej Szpunar, abogado general del TJUE
 
 
El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea da la razón a AISGE en los aspectos esenciales sobre la copia privada


Grave reproche comunitario al sistema adoptado por el gobierno de Rajoy para la financiación de la copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado



NANO AMENEDO
El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el polaco Maciej Szpunar, ha formulado severos reproches, tanto de forma como de fondo, al modelo de copia privada implantado en España a partir de 2012 por el gobierno del Partido Popular. El magistrado argumenta en sus conclusiones del 19 de enero, en línea con las tesis que viene defendiendo AISGE en todos los foros nacionales y europeos, que el nuevo sistema español “incumple la obligación de indemnizar [a los autores e intérpretes] por el perjuicio sufrido”.
 
   Por lo que a la forma se refiere, Szpunar asume que la financiación de la copia privada con cargo a los presupuestos generales del Estado no es contraria a la legislación comunitaria, “siempre que la compensación sea equitativa”. Sin embargo, subraya que el sistema implica trasladar la carga “a todos los contribuyentes, incluidas las personas jurídicas, que no tienen derecho a la excepción de copia privada, además de a las personas que no han adquirido jamás ningún equipo objeto del canon”.
 
 
 

 
 
 
   Es en el fondo del asunto –el importe de la compensación que perciben los titulares de derechos por la copia privada de sus obras e interpretaciones– donde el Abogado General del TJUE suscribe al completo las tesis de las entidades españolas de gestión y acusa al Ejecutivo de Mariano Rajoy de estar incumpliendo “con su obligación de indemnizar el perjuicio sufrido debido a la excepción de copia privada”. En este sentido, Szpunar señala que la compensación “debe calcularse necesariamente sobre la base del perjuicio estimado y no puede establecerse a priori en un límite inferior”, tal y como viene realizando el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
 
   “A este respecto”, remacha el abogado polaco, “no me convencen las alegaciones formuladas por el Gobierno español, según las cuales la limitación de los fondos previstos para el abono de la copia privada por debajo del importe estimado del perjuicio sufrido por los titulares de los derechos es inherente al sistema de planificación presupuestaria”.
 
   El Tribunal Europeo ha de dictar sentencia en los próximos meses sobre el caso español. Las conclusiones del Abogado General no son vinculantes, pero lo cierto es que el Tribunal suele seguirlas al pie de la letra. Así, y de confirmarse la postura del polaco Szpunar, el Ejecutivo de Rajoy sufriría un duro golpe que acabarán acusando todos los ciudadanos.
 
   En efecto, la financiación pública de la copia privada obliga al Gobierno a destinar en los presupuestos generales una cantidad que tenga en cuenta el perjuicio causado a los titulares del derecho, no la que estime conveniente en función de los límites presupuestarios de cada ejercicio. Dicho importe sería equivalente al que la industria tecnológica venía pagando hasta 2011, año en el que el Ejecutivo decidió trasladar a todos los ciudadanos la obligación de pago – con el consiguiente ahorro de las grandes multinacionales tecnológicas. Dicha cantidad rondaba los 120 millones de euros anuales, muy alejada de los cinco millones que hasta este año ha venido destinado el Gobierno al pago de la compensación. El erario público se enfrenta, pues, a una contingencia superior a los 500 millones de euros, la misma cantidad que en este periodo se han ahorrado los gigantes tecnológicos.
 
 
 
 
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